El Convenio se firmó el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1° de julio de 2004, en la ciudad de Budapest, República de Hungría. Se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional. En la actualidad, el Convenio ha sido ratificado por más de 50 naciones de todo el mundo.
En un contexto lleno de profundos cambios devenidos por la digitalización, el convenio surgió como resultado del reconocimiento de dos aristas: por un lado, la necesidad de cooperación entre los Estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia y, por el otro, la necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información (TICs).
Consiste en el único acuerdo internacional sobre delitos informáticos que, fundamentalmente, hace hincapié en las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad de red. Gracias al reconocimiento de la necesidad de prevenir dichos actos que puedan poner en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, es que se determina la lucha eficaz contra estos delitos, facilitando su detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo acciones que permitan una cooperación internacional rápida y fiable. También, busca homogeneizar las definiciones sobre ciberdelito, establecer el intercambio de información en lo que respecta a estos ilícitos, garantizar el debido equilibrio entre los intereses de la acción penal y el respeto a los derechos humanos que reafirman el derecho a defender la propia opinión sin interferencia, el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, obtener y comunicar información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, así como el respeto de la vida privada.
Tiene en cuenta los convenios existentes y acciona complementándose para incrementar la eficacia de las investigaciones y procedimientos penales relativos a los delitos, así como para permitir la obtención de pruebas electrónicas. En conclusión, el convenio es el instrumento internacional vigente hoy en día para hacer efectiva la lucha contra el cibercrimen.
