Silvio es Programador y Abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especializado en Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones. Se desempeña en el estudio sobre temáticas de Propiedad Intelectual, Registro de Marcas, Derechos de Autor, Licencias de Software, Políticas de Protección de Datos Personales, Políticas Públicas, Derechos Digitales y en menor medida Ciberdelitos. Es docente y consultor sobre temáticas de desarrollo y programación de software, planificación de proyectos y promoción de negocios digitales, entre otros.
- ¿Cuáles son las principales inquietudes que se dan desde la sociedad civil en Argentina con respecto a la protección de datos personales?
- Desde la sociedad civil hay dos preocupaciones que son las que más nos pueden llamar la atención.
Por un lado, dado el enorme desconocimiento de la mayoría de la población que está conectada y hace uso de aplicaciones que tienen como parte de sus objetivos y funcionalidades la recolección de datos de uso, se dan situaciones de abuso y de extrema explotación de los datos personales. Se aprovecha ese desconocimiento y la sociedad civil se ve en el desafío de generar la concientización suficiente como para darle relevancia al tema y poder alertar realmente de los peligros que tiene el tratamiento indiscriminado de los datos.
Por otro lado, si bien nos preocupa el excesivo aprovechamiento por parte de las plataformas que pertenecerían al sector privado, vemos también mucho más peligroso, en cuanto a la región de América Latina, que dicho tratamiento venga de parte de organismos estatales y de los gobiernos en general, dado que inherentemente tienen lo que se llama “el poder de policía”.
La obtención de más información minuciosa respecto de un grupo de ciudadanos puede, quizás, justificarse con fines loables como ser mejorar su eficacia y optimización como Estado, pero al mismo tiempo ¿quién controla que no hagan un uso indebido para persecución política, para silenciamiento de discursos, etcétera?
- Después de casos como el de Cambridge Analytica, ¿se evidencia mayor interés en estas cuestiones que abarcan el uso o la manipulación de datos personales?
- Hay mayor interés. Creo que el fenómeno de Cambridge Analytica puso el tema en evidencia, quizás con algunas imprecisiones ya que se dio a conocer por medios de comunicación que no son especializados en tecnología, y solo se limitó a exponer titulares como “se filtraron las bases de datos de millones de usuarios”.
No obstante, del lado de la sociedad civil nos da la oportunidad de abordar con más refuerzo a nuestro mensaje sobre la relevancia que tiene la protección de los datos. Con lo cual muchos sentimos que dejamos de ser Quijotes peleando contra molinos porque pudimos empezar a demostrar lo que veníamos anunciando hace tiempo: se están recogiendo masivamente los datos y el día que esto explote la gente no lo va a poder creer.
Hay un poco más de conciencia, aunque todavía falta mucho para que se llegue a un punto de equilibrio donde pueda subsanarse semejante situación. No obstante, que eso no sea tampoco la justificación para que nos rasguemos las vestiduras y se empiecen a implementar políticas y regulaciones que tengan un efecto peor que si no hubiésemos estado alertando. Es decir, que no sea un caballo de batalla para que de manera oportunista ciertos sectores o grupos políticos lo tomen como un bastión para sacarle rédito.
Es un tema sensible, preocupante, pero tampoco requiere que tengamos que dar una solución rápida e inmediata que peque de improvisada. Creo que podemos rescatar que se haya puesto en evidencia, que vuelve a estar el tema en discusión y que nos da más argumentos a la hora de hacer nuestra labor tanto de concientización para la sociedad de a pie, como también para alertar los peligros de determinadas políticas o acciones que puedan llevarse a cabo dentro de esta temática.
"Lo peor que puede llegar a ocurrir con determinadas políticas de seguridad es que generen miedo y en definitiva prevenir a través del miedo no es la solución."
- ¿Existe un límite considerable entre seguridad y derecho civiles para establecer marcos regulatorios en Internet?
- Sí. Al momento de establecerse cuáles son las seguridades que se le van a exigir a un Estado, éstas no deben ir más allá de lo que implique caer en la restricción de legítimos ejercicios de derecho ni tampoco crear presunciones de actos que hoy son considerados netamente lícitos. Hay mucha ignorancia y desconocimiento, y reitero que la labor que tenemos los actores de la sociedad civil es alertar los malos efectos que pueda llegar a tener una determinada política.
El límite que nosotros encontramos es que tenga el menor impacto en legítimos ejercicios de los derechos. Lo peor que puede llegar a ocurrir con determinadas políticas de seguridad es que generen miedo y en definitiva prevenir a través del miedo no es la solución.
Que las personas se restrinjan a realizar actos que son lícitos por miedo a que eventualmente se transformen en ilicitos genera una situación de inseguridad jurídica, más en un contexto en donde la tecnología para evolucionar, muchas veces altera algunas relaciones jurídicas en comparación con, por ejemplo, cómo se ejercían antes de que existiese Internet. Nunca una restricción de derechos que se pueden ejercer legítimamente puede ser aceptable por una cuestión de seguridad.
El punto es que sea en los casos más reducidos, con la menor reglamentación ambigua. Es decir, que las condiciones en las que van a ejercerse las limitaciones sean explicitas, claras, concisas, excepcionales, y por sobre todo, que no es para nada menor, que no generen un margen de libre interpretación, y ante la duda que siempre se priorice el derecho digital por sobre la seguridad.
- ¿Cuál es el rol que las organizaciones que representan a la sociedad civil deben cumplir frente a los mecanismos de privacidad y derechos digitales?
- Pregunta interesante. De por sí creo que la sociedad civil hoy, per se, está ejerciendo un rol que es el de leer de punta a punta los términos y condiciones o las políticas de privacidad de las plataformas. Con esto, estamos haciendo una especie de controlador de facto, porque al ejercer nuestra labor empezamos a detectar lagunas legales en donde puede llegar a caer una determinada política de protección de datos.
Obviamente, esa política está plasmada en una documentación de naturaleza legal. ¿Qué rol tiene que tener la sociedad civil al respecto? Por un lado, tomar conciencia, lo más inmediatamente posible, alertar los peligros, y por ahí, de manera conjunta poder contribuir a cómo deberían ser políticas y tratamientos más adecuados. Yo quiero tener cierto grado de positivismo en cuanto a las empresas, cuanto más adecuado pueda ser su modelo de negocio respecto a la protección de los datos, generará más confianza en los usuarios.
Entonces, por un lado, el poder contribuir con tomar conciencia de las políticas, denunciar, en el sentido amplio, cuáles son los riesgos que tienen determinadas políticas y eventualmente ser oídos para que esos mecanismos sean moderados, sean reglamentados, sean controlados, o directamente sean restringidos al mínimo posible para que no tengan un impacto, una incidencia.
Ni hablar que en casos hipotéticos donde el Estado sea el que ejercerá la administración, la recolección y la manipulación de los datos. Ahí la sociedad civil, por las características que tienen los gobiernos de América Latina debería tener un mayor rol con respecto a generar consensos, generar políticas de transparencia, de fácil accesibilidad, de datos abiertos que permitan que haya un control. Con las empresas privadas, dada las relaciones que hoy tenemos y las que pueden ir mejorándose, se pueden iniciar acciones. De parte de los gobiernos, esperamos que asuman también esa misma característica y que respondan por los actos que llevan a cabo mediante la recolección de los datos. Con que haya mecanismos de transparencia y que la sociedad civil pueda solicitar información publica ya sería un paso muy importante.
