Luego de una jornada marcada por protestas y reclamos de varios sitos y empresas vinculadas a contenidos digitales con posturas diversas, la Unión Europea votó en contra del polémico proyecto.
Lo que se imaginó en un comienzo como una votación ajustada terminó demostrando un rechazo más holgado hacia la reforma de la ley europea de copyright. Una mayoría de 318 representantes que votaron negativamente, frente a 278 parlamentarios que se posicionaron a favor, devolvieron al comité un proyecto que ha sido criticado ampliamente por un sector de la comunidad de Internet, por considerarlo como una seria traba a la libertad de expresión y a la libre circulación de contenido.
“En lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la Web” afirma el comunicado de la Fundación Wikimedia, que se mantuvo en la página de inicio de varias versiones de Wikipedia durante la votación y la jornada previa, a modo de protesta.
El foco principal del conflicto data de dos artículos particulares de la nueva propuesta. El artículo 11, destinado a “proteger a las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales” implica la necesidad de solicitar permiso a cada uno de los editores en particular al momento de compartir o citar un artículo periodístico, dificultando gravemente la posibilidad de crear hipervínculos y de compartir contenidos y afectando al derecho de libertad de expresión y a la libertad de cita.
Por otro lado, el artículo 13, propone “la obligatoriedad de cotejar en bases de datos de obras protegidas por derechos de autor”. Esto llevaría a que los sitios que permiten a los usuarios publicar textos, sonidos, códigos, imágenes estáticas o en movimiento u otras obras protegidas por derecho de autor para consumo público deberán filtrar todas las presentaciones de sus usuarios para compararlas con una base de datos de obras protegidas, situación que implica un costo prohibitivo para muchos sitios independientes.
El otro gran problema que acarrea este mismo artículo es que apunta a penalizar a cualquier sitio que permita una infracción a los derechos de autor, pero no habilita castigo a las personas o empresas que hagan acusaciones falsas sobre el trabajo de otra persona. En este sentido podrían proliferar los intentos de censura disfrazados de reclamos de copyright.
Los que apoyan esta nueva legislación aseguran que la vigente, que data de 2001, se encuentra desactualizada y no brinda herramientas suficientes para proteger a los editores de noticias y a los artistas. Especialmente se resalta que aquellos más pequeños o independientes “no reciben remuneración debido a las prácticas de poderosas plataformas de intercambio de contenido en línea y agregadores de noticias", según lo que afirmó Axel Voss, responsable del proyecto.
La tensión entre la protección de derechos de autor y la libertad de expresión y circulación de contenidos en Internet no es un fenómeno nuevo. Sucesivos debates se han dado en contextos internacionales, regionales y locales, dando resultados que favorecen a una u otra parte. En nuestro país, por ejemplo, una discusión relacionada puede encontrarse en torno a las diferentes posturas que se pueden encontrar con respecto al proyecto de Ley de Responsabilidad de Intermediarios.
